Convocadas 52 plazas del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias: 22 plazas de Juristas y 30 plazas de Psicólogos/a
Descripción:
Se convoca proceso selectivo para cubrir 52 plazas del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, Subgrupo A1 (Código 0902), por el sistema general de acceso libre, vinculadas a la Oferta de Empleo Público para el año 2020, aprobada por Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, de las cuales 22 plazas serán destinadas a la especialidad de Juristas y 30 plazas a la especialidad de Psicólogos/as. Del total de las plazas convocadas para acceso libre, se reservarán 3 plazas, 1 plaza de la especialidad de Juristas y 2 plazas de la especialidad de Psicólogos/as, para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
El programa que rige el proceso selectivo es el que figura en el anexo II de la convocatoria.
La convocatoria se publicará, además de en el «Boletín Oficial del Estado», en la página web del Ministerio del Interior (www.interior.gob.es), en la página web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (www.institucionpenitenciaria.es), y en el Punto de Acceso General (https://administracion.gob.es).
Las solicitudes deberán cumplimentarse y presentarse electrónicamente en el modelo oficial de solicitud 790, al que se accederá, con carácter general, a través de la página web www.administracion.gob.es o de los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos que se establezcan.
Destinatarios:
Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Licenciado o Grado en Derecho, si optan a las plazas de Juristas, y el título de Licenciado o Grado en Psicología, si optan a las plazas de Psicólogos/as, o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Se exigirá no haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores de tres años, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o la rehabilitación.
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